Con suma preocupación el exministro del Ambiente Ricardo Giesecke advirtió que se estaría priorizando la cobertura en mayor número de conexiones de agua pero no se viene realizando una correcta fiscalización de la calidad del agua potable que se distribuye en el Perú. Entre el 50 y 60% del agua que consumimos los peruanos no es necesariamente agua segura, puesto que siempre se puede verificar que las aguas siempre tienen algún grado de contaminación residual. 

Alertó que para promover las inversiones en agua segura y plantas de tratamiento de aguas residuales, se estaría pretendiendo flexibilizar la normativa vigente sobre la calidad de las aguas residuales vertidas a los cursos superficiales de agua. De otro lado tenemos que en la actualidad muchas de las EPS (empresas de saneamiento) no están en condiciones de cumplir con la normativa actual por múltiples razones.

Hay un importante porcentaje del agua residual que en la actualidad se vierte sin procesar en la mayor parte de las zonas urbanas y rurales de país. En el mejor de los casos, las aguas residuales solo pasan por un proceso primario sin lograr una depuración adecuada, situación que debería ser materia de multa por parte de la OEFA. Frente a esta situación es necesario que se revisen los procesos de fiscalización para un mejor control.

Para Giesecke el hecho de rebajar dichos estándares de calidad podría ser una estratagema para que más plantas “…cumplan sus metas de realizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales…”, pero ello no significa que en realidad se haya mejorado la situación, sino que tan sólo se logra una mejora de la estadística del sector agua y saneamiento.

De manera peligrosa y hasta irresponsable se estaría optando por una ficción que permita un mejor cumplimiento sectorial de las normas ambientales aplicables a los vertimientos de aguas residuales tratadas pero éstas informaciones no se deben manipular tan ligeramente y mucho menos por razones políticas y/o económicas, puesto que se afectará la salud pública.

Se debe tener en cuenta que el vertimiento de aguas residuales no tratadas, o mal tratadas, en los cursos de agua, convierten a éstos cursos en fuentes de contaminación que afectan y aumentan los riesgos para la salud de mucha gente, principalmente en los sectores de menores recursos. Lamentablemente de esto no hay estadísticas pues no hay rigurosidad en el control de calidad de los efluentes vertidos.

El cuerpo colegiado del Congreso tiene que ser muy exigente, detallista y cuidadoso para ver que no se facilite la inversión sin la garantía de la calidad y con el único objetivo de conseguir más cobertura en los servicios de agua potable.

En el caso del agua se debe cumplir con la definición de la COBERTURA, que se refiere agua segura que tiene: calidad, cantidad y continuidad en simultáneo, pues no se puede poner en riesgo la salud de la población. Hay que tomar estas cosas con la seriedad que se requiere para salvaguardar la salud pública.

Se debe exigir el máximo de seriedad y profesionalismo en el tratamiento del agua, es algo que debería estar instalado en la cabeza de quienes están al frente de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Es alarmante que no más del 10 a 15 % de las plantas de tratamiento de aguas residuales cumplan a cabalidad con las normas ambientales y sanitarias en los sectores urbanos y las ciudades del Perú. Por eso es que puede haber mayor número de conexiones, pero es muy difícil que haya agua no contaminada.

Hay aguas que se vierten al ambiente sin tratamiento adecuado, proveniente de las zonas agrícolas, contaminadas con agroquímicos, pues no hay suficientes plantas de tratamiento y es muy difícil fiscalizar con rigurosidad pues el ministerio de Agricultura es juez y parte.

El ministro de Agricultura es la autoridad nacional sectorial ambiental competente en temas de contaminación del agua, pero por ahora solo se preocupa porque haya agua y no se está fijando de la calidad del agua que se dispone para el uso de la población.

Esa cartera es la reguladora del uso del agua y las fuentes de agua, es quien chequea lo que se puede o no verter en el agua. La tendencia es que con el agua se busca generar más producción agrícola, pero no se estaría pensando suficientemente en la calidad del agua disponible. Esta es una tarea pendiente.

El especialista considera que el agua debería estar adscrita al ministerio del Ambiente, como se estipula en la Ley General de Recursos Hídricos, y no al sector Agricultura, Energía y Minas o Pesquería, que son sectores usuarios.

Las empresas de servicios de saneamiento están quebrando pues no se está cobrando por el tratamiento de potabilización que se requiere y tampoco se cuenta con los recursos económicos para el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales y eso sucede porque el servicio en general no está correctamente estructurado.

Frente a ello es necesario implementar una forma de cobranza efectiva que podría ser junto al cobro de la energía eléctrica pues hay muchos lugares donde se paga por el agua pero no por el tratamiento ni el alcantarillado.

Por estas deficiencias la gente va recibiendo cada vez más agua más contaminada o con al menos algún tipo de contaminación, lo que afecta la salud de millones de personas en todo el territorio. El agua es vida y es salud, pero de eso, al parecer, nuestras autoridades no son, aún, tan conscientes.

OTRAMIRADA