Los conflictos sociales y más específicamente aquellos de carácter socio ambientales en el Perú son una constante notable desde por lo menos los últimos veinte años. Pero los conflictos especialmente referidos a la actividad extractiva que los genera, son aquellos conocidos como conflictos socio ambientales mineros. 

Estos conflictos tienen características bien definidas, dependiendo del tipo de actividad minera que les da origen. Así, tenemos la Minería Artesanal de Pequeña Escala (MAPE), Pequeña y Mediana Minería y Gran Minería, pero también existen la minería informal (que quiere formalizarse y no encuentra las condiciones) y la minería ilegal (no cumplen con las normas ni quieren hacerlo).

CONFLICTOS CON LA GRAN MINERÍA

Este tipo de conflictos son protagonizados por grandes empresas mineras, que por lo general llevan a cabo sus actividades cumpliendo la normatividad vigente.

Lo que normalmente sucede es que las concesiones de las que son titulares, y que seguramente se les ha concedido conforme a lo establecido por la Ley General de Minería, adolecen de legitimidad puesto que las cuadrículas que se establecen para determinar lo que pueden ser las futuras concesiones, se preparan desde el punto de vista exclusivamente ingenieril, con la participación de ingenieros de minas, geólogos y hasta abogados en derecho minero, pero sin la participación de los propietarios de la superficie (la población). Como resultado se lleva a cabo un ordenamiento territorial, con carácter inconsulto y de la manera más autoritaria y vertical.

EL ORIGEN

Acto seguido, la empresa que ha obtenido la concesión procede a buscar la autorización de los propietarios de de los terrenos superficiales. El problema es que la mayor parte de la población rural de los territorios que se han concesionado, no conoce ni comprende la diferencia entre propiedad concesionada y terrenos superficiales.

La legislación prevé que los concesionarios mineros deberán contar con la autorización de los dueños de las áreas superficiales para acceder a los recursos del subsuelo que se les habría concesionado.

Ante ello las empresas optan por comprar el área superficial al dueño del terreno que se pueda encontrar dentro de las cuadrículas concesionadas. Aquí surge otro problema, pues por lo general la posesión de las propiedades en las áreas rurales remotas del Perú, casi siempre adolecen de toda la formalidad, incluyendo su inscripción de propiedad en Registro Públicos.

Este esquema de la configuración de un conflicto típico de trasfondo minero ya tiene muchos años de aplicarse, por lo que las comunidades campesinas ya saben la secuencia y están alertas para, en conjunto, llevar a cabo las negociaciones respecto de los precios posibles de los terrenos, las estrategias que deben implementar para evitar la imposición de una servidumbre y obtener el mayor provecho posible.

Las mineras, por su parte, también conocen el derrotero de las negociaciones y evitan la imposición y prefieren entrar en negociaciones previas, de tal manera que las explotaciones y procesos de beneficio de minerales se pueda llevar a cabo de manera equitativa. Un ejemplo de ello es el proyecto Las Bambas.

LOS COMPLICADOS

Uno de los conflictos emblemáticos es el proyecto Conga. En este caso, la Empresa Minera Yanacocha SRL (MYSRL) obtiene la concesión que tiene en Cajamarca, luego de algunos confusos y poco claro episodios, en los que hasta Vladimiro Montesinos intervino de una manera muy poco transparente.

La pésima performance de MYSRL en la dimensión social, le generó un gran descrédito y de otro lado la autoconfianza adquirida por MYSRL les condujo a intentar la implementación del proyecto Conga. Para ello realizaron un EIA para ser presentado ante el MEM, que durante el gobierno del Sr. García Pérez se preocupó en rebajar los requisitos ambientales.

Ese EIA se aprobó con gran celeridad y se pasaron por alto una serie de consideraciones de carácter ecosistémicos. Se proponía la desaparición de al menos 4 lagunas, dos porque debajo de ellas están los depósitos principales del recurso minero buscado y las otras dos para poder depositar allí el material “inerte” de los otros dos tajos.

A las personas naturales de los territorios en los que se encuentran estas lagunas naturales, les pareció aberrante que se afecten los recursos naturales. Entonces se iniciaron las protestas con marchas en los pueblos, escritos y memoriales de las autoridades locales, que fueron enviados a los párrocos locales, a los alcaldes, a la autoridad local del agua, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente y a la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros.

OTRO FACTOR

Debemos entender que en el Perú las personas que compran una propiedad, un terreno, son solo dueños de área superficial, y que el estado es dueño del subsuelo en todo el país. Sin embargo, cuando una empresa minera pide la concesión de miles de hectáreas, ya es dueña, temporal, pero dueña del subsuelo de su concesión, y al proceder a comprar la propiedad superficial, se convierten en dueños del suelo y del subsuelo de sus respectivas concesiones.

Esta situación ciertamente da a las mineras la sensación de que tienen entre manos pequeños estados extraterritoriales en los que podrían estar tentados a creer, que pueden hacer lo que se les antoje, en el momento en que se les antoje.

Por eso no es raro ver retenes con trancas que sirven para que la empresa autorice, el paso de cada vehículo por las carreteras que han sido construidas por el Gobierno y que siempre se han considerado como carreteras públicas, lo que constituye un factor adicional en el malestar de los pobladores de las zonas que serían afectadas.

Por estas razones, el proyecto minero Conga de la empresa MYSRL se detuvo en el segundo semestre del año 2011 y hasta el 2do semestre del año 2015 no se ha podido reactivar. Es evidente que no se trata solamente de temas de carácter ambiental, sino también de que la empresa está cosechando los errores cometidos en el establecimiento de sus relaciones con las comunidades Cajamarquinas.

OTRAMIRADA