En nuestro país, el 50% de la cocaína que se produce es trasladado por la vía aérea gracias a las 115 pistas de aterrizaje con las que cuenta el narcotráfico. Por ese motivo, el pasado 29 de agosto se promulgó la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo que autoriza derribar las aeronaves sobre las que haya evidencia o sospecha razonable de estar siendo utilizadas para el tráfico ilícito de drogas o transporten bombas, armas de fuego, materiales explosivos, armas biológicas o artefactos explosivos biológicos. Con esta normativa se busca combatir de manera frontal el narcotráfico, que a la fecha ha convertido al Perú en el primer productor de cocaína a nivel mundial. 

Para la presidenta de la comisión que investiga la narcopolítica, la congresista Rosa Mavila, esta ley evitaría el traslado aéreo de unos 1500 kilos de cocaína al día. De acuerdo a la base de datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al año se detectan entre 600 y 1.000 “narcovuelos”. El 95% de las avionetas que ingresan de manera ilegal a nuestro territorio proceden de Bolivia. Solo entre los meses de mayo y agosto se han detectado 222 vuelos irregulares en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y se estima que cada una de esas naves transportó 350 kilos de droga, lo que hace un total de más de 77 toneladas del ilícito producto.

Como se recuerda, esta medida se encontraba en vigencia hasta el 2001, cuando fue cancelada luego de que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) derribara una avioneta civil, donde murieron una misionera estadounidense y su menor hija. Debido a esto, se resolvió enfrentar el narcotráfico desde el suelo, dinamitando las pistas de aterrizaje clandestinas. Anualmente, el Estado peruano invierte S/. 27 millones, lo que equivale a US$ 8,4 millones, en estos operativos. Solo en el 2014 se realizaron más de 260 operativos de destrucción de narcopistas. Dichas acciones han contribuido a lucha contra el narcotráfico pero no es suficiente.

Una ley necesaria

La interceptación de vuelos no autorizados tuvo un gran efecto en la lucha contra el narcotráfico. Hasta el 2001 se derribaron o neutralizaron más de 100 aeronaves. De ellas, al menos 30 eran colombianas, una cantidad similar eran peruanas y el resto provenían de otros países, como Brasil. Esto contribuyó a la disminución de la producción de cocaína en nuestro país durante esos años. En la actualidad, la situación se ha revertido y cada año se produce en mayores cantidades el ilícito cultivo. Con la reciente ley que permite el derribo de narcoavionetas se espera que haya un impacto inmediato en el precio de la droga, al dificultar su salida del país, y por ende una disminución considerable en su producción.

Además, con esta normativa se retomaría la soberanía del espacio aéreo que durante años se vio vulnerada. El documento aprobado por el Congreso establece claramente sus lineamientos. En los últimos meses ha sido modificado y enriquecido a fin de evitar fallas una vez puesto en rigor. Así, la ley establece declarar "aeronave hostil" a aquella que desacate las instrucciones o no ejecute las medidas emitidas por las aeronaves interceptoras de la FAP. Asimismo, será considerada "hostil" a la aeronave que no respete los corredores establecidos por las autoridades aeronáuticas o esté sobrevolando a una altura no menor de 3.000 pies, en un radio de 40 millas, entre otras situaciones. Cabe señalar que el derribo solo se empleará en última instancia, si es que la aeronave interceptada se negara a entregar la información solicitada.

A la reciente normativa promulgada se suma la adquisición de 20 avionetas coreanas KT1P, compradas a fines del año pasado, como parte de la política de modernización de nuestra flota aérea. Dichas naves si bien son de instrucción, también pueden ser artilladas y empleadas durante interdicciones. Adicionalmente, continúan sobrevolando el espacio aéreo las aeronaves Tucanos. Con esta ley no se pretende erradicar de la noche a la mañana el tráfico ilícito de drogas, pero es una herramienta muy útil en la lucha contra el narcotráfico.

La nueva ley debe complementarse con operativos de erradicación de cultivos ilegales de coca en la amazonia, con la destrucción de narcopistas de aterrizaje, con programas de desarrollo de cultivos alternativos en la región, y con una veintena de proyectos de ley propuestos por la Comisión Investigadora de la Narcopolítica, que esperan su pronta aprobación. Con todo esto, el Perú empieza a encontrar las condiciones legales y operativas para optimizar el control en la zona del VRAEM y enfrentar de manera más efectiva el narcotráfico.

OTRAMIRADA