El pasado 19 de Junio, el Congreso aprobó las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana solicitadas por el Ejecutivo. A diferencia del pedido en materia económica, este fue aceptado en su totalidad. No obstante, el plazo que el Legislativo le ha concedido para su aplicación es también de 90 días. 

Las medidas aprobadas atraviesan las diferentes carteras ministeriales. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia (MINJUSDH) incentivará la participación de los capitales privados para la construcción y administración de más cárceles. Asimismo, este último deberá mejorar la regulación de la delincuencia juvenil y optimizar los registros públicos para garantizar la seguridad jurídica y evitar los fraudes. Por su parte, el Ministerio del Interior (MININTER) tendrá la tarea de regular sanciones drásticas contra el sicariato, tipificado en adelante como delito autónomo y exigir la instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos.

Estas son algunas de las propuestas presentadas por el Ejecutivo. ¿Serán suficientes para frenar la ola de delincuencia que azota al país y garantizar la seguridad de los peruanos? Se trata del último esfuerzo por combatir la inseguridad ciudadana en estos últimos meses de gobierno.

La última oportunidad

No es la primera vez que se solicita esta clase de medidas. En agosto de 2012, se solicitaron y aprobaron facultades para legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. La solicitud, si bien no recaía expresamente en el tema de seguridad ciudadana, proponía una reforma que tuviera repercusión en dicho ámbito. Para eso, se propuso fortalecer la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) con una mejora salarial y el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). No obstante, nada de esto implicó la disminución de los índices de criminalidad. Por el contrario, con el paso de los años, este ha aumentado.

En ese año se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Esta entidad de carácter autónomo se encarga de la actividad privada en seguridad ciudadana así como del control de la compra y venta de armas. Esta fue una de las mayores iniciativas que se trabajó desde el Ejecutivo con las facultades concedidas; sin embargo, a la fecha no se ha logrado consolidar un sistema adecuado.

Asimismo, la reforma policial tampoco ha calado. La normativa está dada, incluso contamos con una ley de disciplina policial. No obstante, no se ha podido ejecutar por el desinterés político y la falta de voluntad de nuestras autoridades. Lo peor es que el flagelo de la corrupción al interior de esta entidad persiste y es el mayor impedimento al momento de combatir la delincuencia. Esta es la percepción general de la población, que a estas alturas ha perdido la confianza en la PNP.

Es así como el problema de fondo nunca ha sido atacado. Las medidas aprobadas en ese entonces fueron muy generales al punto de quedar ahí, en el mero trámite y la formalidad. En esta oportunidad estamos ante una serie de puntos, esta vez mejor enfocados, orientados a frenar la delincuencia, concretamente el sicariato. Pero nada garantiza que la ejecución de los mismos resuelva de manera efectiva la inseguridad ciudadana.

Adicionalmente, un tema que continúa sin ser atendido es la eliminación del sistema 24x24 de la policía (un día de trabajo por un día de franco). Desde que inició este gobierno, e incluso en gestiones anteriores, se ha querido suprimir esta modalidad de trabajo. Pese a tener la intención, aún no se ha concretado nada al respecto. La calidad del servicio policial se ha visto afectada y todo indica que los aumentos progresivos en los salarios no son la solución. Pero hay más. Otros temas clave que tampoco han sido evaluados son la lucha contra el delito de lavado de activos o la articulación del trabajo entre la policía y las municipalidades.

El Ejecutivo debió aplicar estas medidas tres años atrás. Ahora nos queda la sensación de que lo único que se aplicará es un paliativo al problema inmediato. Y del resto, que se encargue el siguiente gobierno. La falta de un compromiso real por acabar con la inseguridad ciudadana, sumada a la ineficiencia del Ejecutivo para gobernar en esta materia nos ha conducido a esta situación. Estando a pocos meses de finalizar el gobierno de Ollanta Humala, queda la duda de que si la ciudadanía llegará a ver los resultados de esta gestión.

OTRAMIRADA