Fidel Flores es un nombre que no nos es ajeno. El dolor de su familia que llora su muerte a manos de la policía durante una operación de desalojo, tampoco. El vídeo que muestra los hechos lamentables en que murió Flores ya ha sido visto más de 124 mil veces y los organismos defensores de los derechos ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo, ya se pronunciaron señalando que hubo desproporcionalidad en el uso de la fuerza. También se ha rechazado la participación de matones que participaron en el desalojo en apoyo de la policía, lo cual es ilegal. Pero la indignación sigue creciendo. Las explicaciones racionales no bastan. ¿En qué nivel de violencia se encuentra un país donde un ciudadano es disparado a cuatro metros de distancia durante un desalojo judicial por no haber cumplido el pago de una motosierra de 1500 dólares? ¿Cuánto vale una vida? O, lo que es peor, ¿cuánto valen algunas vidas? 

La muerte de Fidel Flores no es un hecho aislado. Se trata de una sucesión de hechos que no empiezan en la deuda contraída ni terminan con la hora de su fallecimiento. La muerte de Fidel Flores es un recordatorio de la cultura de la violencia en la que nos encontramos inmersos y que durante los últimos gobiernos ha sido legitimada tanto con leyes, decretos y acciones, como también con la impunidad y el silencio. Fidel Flores es el resultado de la idea de que es necesaria la “mano dura”, esa que le permite a Daniel Urresti ser el ministro con mayor índice de aprobación ciudadana. Un ministro que desautoriza a sus subalternos frente a cámaras, que sale todos los días en medios de comunicación realizando operativos, pero que cuando debería estar en medio de los problemas, como en este caso, evita posar para la foto y señala, sin vergüenza alguna, que no quiere viajar a la zona para evitar conflictos.

Fidel Flores es también el resultado de la idea de que la violencia se combate con violencia. Es el resultado de la propuesta del congresista fujimorista Pedro Spadaro que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal y que permite que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tenga responsabilidad penal si “en cumplimiento de su deber y en uso de armas u otro medio de defensa, causa lesiones o muerte”. Así, se dio carta libre a hechos fatídicos como el de Flores pues ya no se exige que el uso de armas sea “en forma reglamentaria”, como antes de esta modificación. Spadaro propuso la modificación, el fujimorismo la aplaudió, el Congreso aprobó y Ollanta Humala la promulgó a inicios de este año. He ahí una cadena de responsabilidades respecto de esta pérdida.

Pero Fidel Flores es también el resultado de la injusticia peruana. Porque cuando el sistema judicial sólo opera para algunos, no podemos hablar de igualdad. Es el resultado del doble discurso en las instituciones del Estado cuando por una deuda de 1500 dólares se decide desalojar de su vivienda a un ciudadano cajamarquino causando su muerte, mientras que pese a deudas de millones de soles se renuevan contratos con empresas de telefonía, no se embargan bienes de ciertos medios de comunicación deudores, o, pese a deber miles de soles al estado en materia de reparación civil, no se embargan bienes a Alberto Fujimori, Absalón Vásquez, Nicolás Hermoza Ríos o Carlos Raffo, por citar a algunos rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues que el abuso se legitima con los que menos recursos tienen. La justicia en este país no hace sino discriminar a quien más la necesita, al ciudadano común y corriente que, esperamos no caiga en el saco roto de la amnesia. Las leyes terminan siendo sólo efectivas para algunos.

Fidel Flores es por estas razones mucho más que un nombre, una lamentable muerte o un episodio. Fidel Flores es ahora nuestra bandera y nos corresponde izarla junto con todos los ciudadanos que exigimos justicia y normas que regulen el uso de la fuerza, porque de lo contrario no será Fidel Flores el último nombre que veremos protagonizando una tragedia. Pero así como a nosotros nos corresponde exigir justicia y solidarizarnos, corresponde también a las instituciones sancionar con firmeza a los responsables, desde el policía que disparó y que actualmente está libre, como a la jueza que pese a ver la falta de garantías para un desalojo sin perjuicios dio luz verde para el mismo. La cultura de la violencia y de la impunidad debe dejar de ser la norma.

OTRAMIRADA