El proyecto de Ley Universitaria sigue sin ser debatido en el pleno del Congreso. Como ya lo hemos dicho, el actual sistema universitario requiere con suma urgencia una nueva Ley para enfrentar el caos en el que se ha convertido el sector, donde mafias y amigos del negocio rápido controlan por la fuerza y el dinero decenas de universidades, antiguas y nuevas, públicas y privadas, que distan de cumplir su papel como productoras de conocimientos. 

Poco se entiende de esta situación y, por el contrario, aparecen diversos intentos por boicotear el debate del referido proyecto de ley, en la que estarían involucrados incluso congresistas. Veamos de qué se tratan estos hechos que atentan contra la reforma de un sector de vital importancia para el desarrollo del país.

La primera maniobra vino de parte del propio Ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien a través de un proyecto de ley para crear una superintendencia universitaria, deformando la propuesta del Congreso, buscó torpedear lo ya avanzando. Saavedra quiere crear una superintendencia bajo control tecnocrático del Poder Ejecutivo, que establezca criterios de “rendimiento mínimo” a las universidades, especialmente a las públicas, de acuerdo a las políticas neoliberales.

La segunda maniobra habría estado dirigida por el nacionalista Omar Chehade, quien en su rol de presidente de la Comisión de Constitución, aprobó la solicitud del legislador fujimorista José Elías Ávalos (Fuerza Popular) para evaluar la constitucionalidad de la creación de la superintendencia universitaria, uno de los aportes del proyecto de ley que más debate han provocado. Un tema que no corresponde a esta Comisión sino a la de Educación, donde el dictamen está listo para ir al pleno. Vale recordar que el congresista Elías Ávalos es el dueño de la universidad privada San Juan Bautista, por lo cual estaríamos ante un evidente conflicto de intereses.

Como se presentó un recurso de reconsideración a la solicitud irregular de José Elías, una tercera maniobra para dilatar el debate vino de la mano del congresista Richard Acuña, quien solicitó una evaluación a la creación de la superintendencia universitaria en la Comisión de Descentralización. ¡Increíble! Recordemos que Richard Acuña es hijo de César Acuña, dueño de la Universidad Cesar Vallejo, por tanto, también tendría interés por ponerle trabas a una norma que tiene como uno de sus principales objetivos enfrentar la creación de universidades “chicha” como ha venido ocurriendo en los últimos años.

¿Qué hay detrás de estas movidas? Es claro que estas maniobras pretenden dilatar el debate del referido proyecto de ley, pues estamos a menos de una semana para que la actual legislatura llegue a su final. Si el proyecto de Ley Universitaria no se debate en esta legislatura, se corre el peligro de que siga durmiendo el sueño de los justos por un tiempo indeterminado.

La preocupación sobre el futuro de este valioso proyecto de ley ha originado que diversas representaciones y colectivos universitarios se pronuncien a favor de su debate, y respalden la denuncia del congresista Mora. ¿Qué está ocurriendo en los pasillos del Congreso para que una norma tan importante no se debata? Ojalá que el proyecto de ley, finalmente, llegue al pleno y se termine de perfeccionar con el debate correspondiente. Solo así habrá la oportunidad de sacar al sistema universitario del caos en el cual se encuentra.

OTRAMIRADA