“Hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración que es la que no quiere que el Perú progrese,ya sea por intereses externos o por su ignorancia elemental.” Alan García, dos días después de la tragedia. 

Han pasado cinco años desde que los familiares de los 33 muertos y un desaparecido, en la tragedia conocida como “El Baguazo”, siguen a la espera de una justicia que no sólo es lenta, sino también esquiva. Han sido cinco años de plantones, de protestas y de vigilias en una lucha por defender la memoria. Pero también de un abuso sistemático por parte de un Estado que aún no ve a todos los ciudadanos como iguales. Se trata de la peor tragedia de nuestro país en la última década y fue gestada por condiciones que siguen latentes.

Dos días después de la tragedia, en el día de la bandera, Alan García, entonces presidente, se dirigió al país y señaló que lo que había ocurrido en Bagua estaba plenamente justificado. Sin embargo, todos los testimonios y documentos recabados al respecto, y la opinión de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el Baguazo, señalan que se trató de un operativo policial a todas luces errático y que partió tanto de la ignorancia sobre lo que ocurría, como de la improvisación. El costo fue 33 muertos entre policías y civiles, y un desaparecido cuya familia espera, aún, encontrar con vida.

La historia es conocida. Acababa de firmarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y los decretos legislativos para implementarlo, modificaban el régimen de uso de la tierra y la extracción de recursos en la selva. Los nativos, lógicamente, iniciaron una protesta en medio del clima “optimista” que desde el gobierno buscaba implantarse por el acuerdo firmado. La protesta duró meses, el bloqueo de la carretera 57 días, pero en Lima nadie parecía notarlo. Aun así, a tres horas del bloqueo ocurría lo más terrible. La estación 6 de Petroperú llevaba 54 días de tomada por dos mil nativos. Este fue un dato que la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, no tomó en cuenta al ordenar el operativo. Dentro de la base se encontraban 35 policías y 13 civiles como rehenes y cuando llegó la noticia de que se estaba desarrollando una lucha en Curva del Diablo, la tragedia llegó a su clímax.

Lo que ocurrió después fue vergonzoso. Ningún alto mando de la Policía Nacional ha asumido la responsabilidad por un operativo absurdo. La Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ha gozado hasta ahora del blindaje aprista. Mercedes Aráoz, la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien afirmó que si se derogaban los decretos legislativos podía caerse el TLC (una afirmación a todas luces falsa), no ha respondido a la justicia. El ex presidente Alan García continúa a la fecha señalando que lo que ocurrió fue un “asesinato de policías” sin asumir ni un poco de su responsabilidad en la muerte de estos peruanos.

Hace poco más de un mes, el 14 de mayo, ha iniciado el primer proceso judicial por el caso del Baguazo. Sin embargo, se trata de un proceso en contra de 53 acusados sólo por los hechos de la carretera y no por la Estación 6 y, sobre todo, se trata de un proceso contra indígenas o líderes de organizaciones awajún y wampis. Los responsables políticos siguen impunes. Por otro lado, los familiares de los policías víctimas en esta tragedia se han manifestado contundentemente y han pedido que se abra una denuncia contra Mercedes Cabanillas y rechazan la falta de voluntad del Ministerio Público en terminar la elaboración del expediente correspondiente.

Han pasado cinco años de espera y, lamentablemente, esta no parece llegar a su fin. La ideología de “El Perro del Hortelano” se mantiene vigente en un reincidente aspirante a la Presidencia de la República que enfrenta diversas denuncias por casos de corrupción. Mientras tanto, 33 familias siguen esperando respuestas concretas al dolor de sus pérdidas y una mantiene la esperanza de ver al mayor Bazán de regreso. La minera Afrodita, cuyas actividades causaron el conflicto, se mantiene en la zona aunque aparentemente inactiva. El TLC se mantiene vigente y la Consulta Previa, una de las iniciativas más esperadas por la población, sigue siendo letra muerta. ¿Es que acaso no hemos aprendido?

#BaguaNoSeOlvida

OTRAMIRADA