La región de Puno vive todavía una tensa calma luego de la violencia y los saqueos desatados el jueves y el viernes pasado con motivo de la huelga que encabeza el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del Zona Sur de Puno.

Otra Mirada entrevistó a Alberto Quintanilla, miembro de la agrupación Poder Democrático Regional (PDR), quién nos explicó la radiografía de la protesta Aymara y por qué considera que la violencia pudo haberse evitado.

Según Alberto Quintanilla, el pliego de reclamos del Frente de Defensa planteó tres exigencias primordiales: 1. Que se declare intangible de actividades mineras el cerro Khapia, usado para actividades agrícolas y considerado “Apu” de la provincia de Yunguyo. 2. La derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, el cual concede una serie de denuncios mineros al proyecto Santa Ana y tendría vicios de ilegalidad. 3. La suspensión de todas las concesiones mineras en las provincias de Chucuito, Yunyugo, El Collao y Puno, hasta que se realice un ordenamiento territorial de toda la región.

Estamos hablando, una vez más, de una población que se levanta porque considera que las actividades mineras se expanden sin control sobre su territorio, lo que pone en peligro su forma de vida. Este conflicto es, además, uno de los 117 conflictos socio-ambientales que ha reportado la Defensoría del Pueblo en lo que va del año. El economista Humberto Campodónico ha señalado que las concesiones mineras en Puno han pasado de 433.321 a 1.643.746 hectáreas del 2002 al 2009, esto es, un aumento de 279%. Por este motivo, es necesario un proceso de ordenamiento del territorio en Puno, ya que las concesiones desordenadas y sin consulta a la población estarían convirtiéndose en bombas de tiempo.

Como se observa, la problemática de este conflicto tiene varios elementos de análisis (económico, social y cultural), sin embargo, para el presidente Alan García, esta es una mera huelga con tufo electoral. El presidente García, no aprende. A casi cuatro años del criticado “Perro del Hortelano”, la visión de desarrollo del Perú que plasmó en dicho artículo sigue más viva que nunca. Eso es lamentable, pero lo peor es la inoperancia del Poder Ejecutivo para evitar que se desate la ola de violencia, ¿o es que eso se estaba buscando?

Según Alberto Quintanilla, la forma como empezaron las negociaciones entre las fuerzas del orden, el gobierno y los huelguistas hacían presagiar el desencadenamiento de violencia en cualquier momento. En primer lugar, se aceptó que alrededor de 400 huelguistas estuvieran presentes en las negociaciones, una cantidad que fácilmente hubiera podido tomar la Comisaría de Juliaca. En segundo lugar, luego de la primera reunión donde no hubo acuerdos, las fuerzas del orden se retiraron a sus cuarteles y dejaron desamparada la ciudad de Puno desde el día jueves, que es cuando empiezan los saqueos a la SUNAT, la Gobernación, la Aduanas, entre otros. ¿Por qué la policía no se quedó a resguardar el orden de la ciudad como en otras ocasiones? ¿O acaso querían que la situación llegara a mayores para evitar que se lleven a cabo las elecciones?

El sábado, en Lima, la Comisión de Alto Nivel y las autoridades de Puno, dieron los primeros pasos para solucionar este conflicto. El día lunes, los dirigentes de las provincias de Puno, El Collao y Yunguyo han dispuesto suspender sus reclamos hasta después de las elecciones. Solo Chucuito aún no decide plegarse a esta tregua a favor de nuestra democracia, pero esperamos que pronto lo hagan.

Finalmente, esta vez no hay víctimas que lamentar, pero nuevamente se llega a un nivel de violencia porque el Ejecutivo no es capaz de negociar demandas indispensables para el desarrollo de las regiones del país.

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